SOSPECHAS CONFIRMADAS POR NELSON CASTRO

La reunión del miércoles último de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tuvo el peor de los finales: por un lado, la clausura de toda posibilidad de investigación por parte del cuerpo en pos de conocer más de este denunciado modus operandi de compra de votos y, por el otro, el escándalo de la violencia. Vayamos por partes.

Tanto la diputada Cinthya Hotton como Elsa Alvarez hablaron sin medias tintas y ratificaron sus denuncias. Alvarez señaló la llamada de un secretario de Julio De Vido que le quiso pasar con el ministro, cosa que la legisladora no aceptó; además confirmó que la llamaron Nelson Gleadell, intendente de San Julián, localidad de la que ella es oriunda, y el secretario de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), Dr. José Granero. Curiosamente, los dos funcionarios kirchneristas –uno estaba en San Julián y el otro en Buenos Aires– parecieron haber tenido un acto de verdadera transmisión de pensamiento ya que explicaron sus llamados haciendo el mismo relato, según el cual estaban siguiendo por televisión el debate parlamentario del presupuesto y, en el mismo momento en que le tocaba hablar a la diputada Alvarez, a los dos se les ocurrió contactarla a fin de sugerirle que votara a favor del proyecto del Gobierno o bien que se ausentara del recinto si es que su voto iba a ser adverso.
Cinthya Hotton dio sin titubear el nombre de la diputada Patricia Fadel, vicejefa del bloque de diputados del Frente para la Victoria, a quien señaló como la persona que le hizo la oferta de “concretar mucho más que tus proyectos del corazón” a cambio de que se retirara del recinto, “total nadie notaría tu ausencia”. Quienes están cerca de Hotton señalan que a la diputada no la preocupó tanto la desmentida de Fadel, sino otras cosas que pasaron en la mentada reunión, a saber: que otros diputados no se animaran a hablar acerca de los ofrecimientos económicos que recibieron en aquella noche de escándalo (entre los silencios hay que señalar el del diputado que rechazó una oferta por 50 mil pesos o una cifra con el agregado de un cero más que le hizo un hombre vinculado al negocio de los bingos en la provincia de Buenos Aires); que Margarita Stolbizer adhiriera a la postura de cerrar cualquier intento de investigación parlamentaria, algo que se interpretó como producto de su pelea con Elisa Carrió; y que Eduardo Macaluse, quien, más allá de criticar las ofertas para comprar votos, hablara de diputados que no están preparados para enfrentar la presión de una negociación política y, por lo tanto, deberían dedicarse “a poner una farmacia o a la jardinería”. Más allá de todos estos enojos, lo cierto es que los ofrecimientos existieron.
En las cercanías de Hotton señalan que la diputada ya venía expresando su preocupación por este asunto de la compra de votos desde hace tiempo.
El episodio provocó crujidos fuertes en varios sectores de la oposición.
En PRO afloró una dura interna que ha puesto en cuestionamiento el liderazgo del jefe del bloque, diputado Federico Pinedo. “Tiene un estilo de conducción francamente peronista; aplica la verticalidad a rajatabla”, le endilgan sus críticos. La reunión, en la que se analizó todo esto y en la cual abundó la rispidez, debió ser encabezada por Mauricio Macri, quien fue duro con los diputados díscolos. “Laura Alonso y Martín Gribaudo tienen una afinidad con la UCR que nos complica”, cuenta una fuente de PRO con un alto cargo en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En la UCR las cosas tampoco están tranquilas. “No estamos pasando por nuestro mejor momento”, reconoce un legislador del bloque. Se apuran a desmentir cualquier acuerdo previo al debate en el recinto y sostienen que los teléfonos de los diputados comenzaron a sonar cuando en el Gobierno se dieron cuenta de que no tenían los votos. Dentro del bloque radical las ausencias que verdaderamente preocuparon fueron las de los diputados por Catamarca y Río Negro, sobre quienes existen las sospechas de que se levantaron de sus bancas como producto de los aprietes que recibieron de parte de sus respectivos gobernadores.
En donde hubo también mucho revuelo fue en el Peronismo Federal. Las declaraciones del diputado mendocino Enrique Thomas confirmando los ofrecimientos de dinero a varios diputados de su bancada fueron un revulsivo. Thomas, quien tiene la misión de asegurar que los legisladores de su bloque estén sentados en sus bancas a la hora de votar y sostengan la postura adoptada por el partido, fue el que recibió las denuncias de varios de ellos referidas a ofrecimientos de todo tipo que les estaban haciendo desde el Gobierno. Por lo tanto, no fue alegría lo que experimentó cuando, en una reunión muy caliente en la que se debatió sobre si avanzar con la denuncia y dar los nombres de los funcionarios que llamaron, se decidió no hacer nada. “Otro afectado fue Felipe Solá, quien, en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, estaba, al igual que Carrió, a favor de continuar la investigación”, señala una voz del Peronismo Federal.

La bofetada que Graciela Camaño le dio a Carlos Kunkel debe ser repudiada en términos absolutos; las actitudes provocativas del diputado también; y esto de ninguna manera conlleva una justificación de ese sopapo furioso.

En el sedimento de estos actos subyace un ambiente de violencia nocivo para la cultura política. La dirigencia debería hacer un alto y reflexionar largamente sobre el significado y las consecuencias de esta clase de hechos que, a lo largo de la historia, nuestro país ya vivió y padeció. Con este trasfondo, el Gobierno anunció que no enviará el proyecto del Presupuesto a sesiones extraordinarias, negando que la oposición representa también la voluntad popular de aquel sector que no comparte las ideas o actitudes del Gobierno. La Presidenta no debería olvidar este concepto que hace al reconocimiento de la pluralidad, sin la cual la democracia no existe.



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